Ha sido la medida social estrella del PSOE, más bien diríamos la única medida social autentica que adoptado este gobierno, pero su aplicación ha resultado un fracaso. La falta de fondos para su desarrollo y los inconvenientes derivados de la fragmentación y desigualdad que implica el Estado de la Autonomías, han marcado la decepción de muchas familias, que no ven llegar nunca las famosas prestaciones. Del millón largo de personas dependientes (1.125.190, según los datos del INE)) que en 2005 calculaba el gobierno podría beneficiarse de la nueva ley, a fecha de hoy tan solo 345.000 han conseguido algún tipo de prestación.
Cuando el gobierno sólo aporta el 25% de todos los fondos que se están destinando en España para desarrollar la Ley de Dependencia, dejando al arbitrio de cada CC.AA. la financiación del resto del gasto y se nos viene encima una época de recesión económica, difícilmente es posible augurar que la situación de las familias con una persona dependiente a su cargo mejorará en un futuro cercano.
Además la realidad ha desbordado las previsiones del gobierno. Por ejemplo, el censo total de grandes dependientes asciende ya a 42.000, más de los que se preveía ayudar en el año 2010, lo que provoca que el dinero destinado a atenderlos no llegue. Y si ni siquiera hay fondos para los casos más graves, no hay que ser un sesudo analista para saber qué ocurrirá con los menos graves.
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14 Septiembre, 2008
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