La acumulación de créditos y el recorte de ingresos al pasar a la jubilación convierten a la familia de un minero langreano en una de las primeras que se acogen en Asturias a la suspensión de pagos.

El vecino de Langreo F. y su esposa M., así citados en este artículo por dos de las iniciales de sus nombres, no son exactamente víctimas del turbulento clima financiero internacional, del estallido de la «burbuja inmobiliaria» o del paro que empieza a traer la crisis, pero están en suspensión de pagos. El suyo es uno de los casos de familias españolas (96 en el último año) que se han acogido al llamado «concurso voluntario de acreedores» al no poder hacer frente a sus deudas, una opción legal que existe desde finales de 2004 y que equipara el tratamiento de los hogares al de las empresas con dificultades insalvables para atender sus compromisos económicos. A escala jurídica, puede decirse que F. y M. están en suspensión de pagos igual que la inmobiliaria Martinsa-Fadesa, colosal como su endeudamiento. El de esta familia de sexagenarios langreanos no llegó a pasar de algo más de 100.000 euros.

A principios de este año, el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Oviedo admitió la suspensión de pagos (en su denominación antigua) del matrimonio. «Su problema fue la imprevisión», dice el abogado Antonio Fernández-Mazzola, letrado de la pareja que ha explicado a este diario algunas de las principales circunstancias del caso. F. trabajó en Hunosa y, tras su prejubilación, durante años cobró mensualidades análogas a sus ingresos como minero en activo. Como prejubilado, disponía cada mes de una nómina que llegó a rondar los 3.000 euros (por encima de cinco millones de pesetas al año). Una cantidad, comenta Fernández-Mazzola, en apariencia holgada para cubrir las necesidades de gasto de un matrimonio cuyos hijos, ya mayores, trabajan en la actualidad y tienen hecha su vida fuera del hogar paterno.

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Domingo 21 de septiembre de 2008
http://www.lne.es/secciones/noticia.jsp?pRef=2008092100_45_677574__Economia-quiebra-prejubilado